jueves, 17 de noviembre de 2011

Congreso del 24 y del 26


Congreso del 24 y del 26: Leyes, guerra con el Brasil, debates de la constitución.
Debates de la constitución de 1826
Este proyecto, preparado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, revelaba desembozadamente las intenciones del oficialismo, que no repararía en medios para imponer el sistema unitario.  El Congreso lo discutió de septiembre a diciembre de 1826; aprobándolo por amplia mayoría.  La Constitución sancionada reiteraba en gran medida los lineamientos de la que en 1819 mereciera el rechazo provincial.  Establecía un régimen basado en la división de poderes, con un poder ejecutivo que sería unipersonal, y dos cámaras (una de representantes elegidos proporcionalmente a la población, y un senado integrado por dos miembros por cada provincia).  Se creaba, asimismo, una Alta Corte de Justicia, cuyos componentes designaba el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado.
Si estas normas institucionales no ofrecían mayores reparos, y constituían antecedentes de las que luego se consagrarían en 1853, las referidas a los gobiernos de provincia eran manifiestamente lesivas a la autonomía regional que tan celosamente resguardaban, y constituirían a la postre la causa principal de su fracaso. En efecto, los Gobernadores eran dependientes inmediatos del gobierno central, elegidos por este de ternas propuestas por los consejos de administración provinciales que la Constitución creaba.
La discusión del proyecto alcanzo por momentos alto nivel.  La minoría federal, dignamente representada por Dorrego: y Galisteo, afronto la capacidad dialéctica de la mayoría unitaria, entre quienes se destacaron Manuel Antonio Castro, Julián Agüero y Valentín Gómez.
Se enfrentaban así dos concepciones doctrinarias dispares, y también dos distintas expresiones de sensibilidad social, que se harían ostensibles al discutirse el artículo 6to del proyecto, por el cual se excluía del derecho al sufragio a jornaleros y domésticos a sueldo.  Si bien no cabe atribuir a la bancada unitaria un reaccionarismo excesivo, puesto que., en definitiva, sus concepciones sobre el particular no diferían en mucho de los sistemas electorales aplicados en la Francia pos revolucionaria, donde el derecho al voto se limitaba a los propietarios; sorprenden las opiniones de Galisteo y de Dorrego, por los ajustados argumentos de sus avanzadas opiniones en la materia.
El diputado santafesino daría en la sesión del 25 de septiembre de 1826
”Yo creo que este artículo en cuanto a la parte que se contrae a los jornaleros, no les hace justicia; pues siendo verdad que el jornalero y el domestico no están libres de deberes respecto de la República, tampoco debe privárseles de los goces, mucho más cuando la experiencia nos demuestra que de estos jornaleros es generalmente de los primeros que se echa mano para Ia guerra, estando de consiguiente obligados al mayor de los sacrificios, que es el de la vida, deben tener el derecho de sufragar como los demás ciudadanos”.”
Este fervor democrático era compartido por un viejo revolucionario, participe de los sucesos de mayo.  Me refiero a Juan José Paso, quien diría que
“en este país donde los peones tienen poco menos libertad e independencia que los amos, conocimientos, alcances, poco más los amos que los peones en donde el jornalero cobra el jornal con el derecho que ello exige, con imperio, haciendo su trabajo, no hallo dependencia que induzca servilidad ”. 
Rechazaba así los fundamentos del proyecto, que descansaban esencialmente en Ia dependencia que impedía la libre expresión del voto, pero que apuntaban, obviamente, a una calificación restrictiva de aquel.
Estas elocuentes palabras, de claro contenido republicano, eran una advertencia a los alcances Imitativos del texto que Dorrego explicitaría luego.
Opinaba este que el sistema electoral propugnado tendía a consagrar los privilegios de una verdadera aristocracia del dinero, lo que contrariaba los principios de la democracia representativa, que “fija su base sobre la igualdad de derecho” y señalaba:
“Échese la vista sobre nuestro país pobre, véase que Proporción hay entre domésticos asalariados y jornaleros y las demás clases del Estado, y se advertirá al momento que quien va a tener parte en las elecciones, excluyéndose las partes que se exponen en el artículo, es una pequeñísima parte del país, tal vez no exceda de una vigésima parte”
Estos argumentos eran recogidos por Manuel A. Castro, defensor del proyecto.  El representante unitario afirmaba que
“jamás dejara de haber esa aristocracia, de la que no debemos huir, sino darle valor y dejarla correr como un torrente, porque atajarla o contenerla sería perjudicial: la aristocracia de sangre es la que se opone a las leyes: pero las otras no hay poder en la tierra que pueda destruirlas.
Cada uno debe tener tanta parte en la sociedad, cuántos son los elementos con que entra a ella, y siempre se debe suponer que el rico tendrá más interés en la conservación del orden y de las instituciones, porque pierde en ello más que el pobre”
Y terminaba, explicando los fundamentos de la disposición cuestionada, que
“las leyes siempre piden un haber y en todas las constituciones se exige esto para ciertos goces y se excluye de ellos al pobre que no tiene nada”
La opinión de Castro tomaba ejemplo de antecedentes constitucionales europeos, y, como dijimos antes no era sino la concepción liberal burguesa, que hacía de la igualdad ante la ley una abstracción carente de virtualidad practica.  Pese a ello, o quizá por ello, el proyecto fue aprobado por 42 votos a 3.
Establecido el sistema electoral, el Congreso comenzó a considerar el artticulo 7º, que consagraba el régimen unitario de gobierno.  Ya la aprobación del proyecto presentado por la Comisión de Asuntos Constitucionales había importado una decisión sobre el particular por lo que no extraño que, pese a la denodada defensa del federalismo que hiciera la minoría, el artículo fuera votado afirmativamente por 41 votos a 11.
Estas votaciones, tan favorables a la posición unitaria, resultan sorprendentes, si se tiene en cuenta la actitud asumida por las provincias en oportunidad de las consultas formuladas sobre el sistema de gobierno; y Busaniche, al referirse a sus resultados, ha sostenido que las logró una mayoría regimentada.  Pero acaso no fueron designados los diputados por los propios gobernadores o por las legislaturas, lo que obviamente venía a ser lo mismo?
Para explicar el fenómeno de esta disociación entre la posición política de cada provincia y la asumida por sus representantes, debe tenerse en cuenta que muchas veces las designaciones recaían en individuos pertenecientes a los grupos ilustrados, que, obligados a soportar la autoridad de los caudillos; se libraron de ella cuando encontraron un clima propicio para exponer sus verdaderas ideas, alentados,  además,  por  la  coincidencia  programática que encontraban en otros miembros del Congreso.  Pero, además, hay que advertir que no siempre los mandatos otorgados incluían una referencia expresa a la forma de gobierno, demostrando con ello la negligente actitud de los gobernantes al confiar tamaña decisión, a representantes dispuestos, la mas de las veces, a actuar por su propia cuenta..
Tales omisiones en las instrucciones habían sido apreciadas por los integrantes de la mayoría unitaria, que supieron sacar provecho de ellas. El agudo parlamentario que era Valentín Gómez puntualizaba esas circunstancias, al interpretar los resultados de la consulta a las provincias.  Decía en la sesión del 15 de julio de 1826, con referencia a la situación de los diputados por Mendoza, que la Legislatura “les ha declarado que a pesar de la opinión de que ella está poseída por la forma de federación, tienen la facultad de opinar libremente por la forma que les parezca más conveniente”; y encontraba igual situación con relación a la delegación de Santiago del Estero, que, aun decidiéndose por la federación, dejaba a Ios representantes en libertad de opinar y someterse a la decisión del Congreso.’”
También EI Tribuno, órgano de marcada orientación federal, señalaba esas particularidades en su edición del 25 de octubre.  Aludía el articulista a la ley declarada por el Congreso, que reservaba a este la exclusiva posibilidad de remover a los congresistas. y “habilitó a muchos representantes para obrar según su juicio y conciencia aunque fuese contrariando la voluntad general de sus comitentes, manifestada por actos Ios mas positivos o insinuantes”.  También recordaban “los tristes resultados de esta ley’, que ya se han dejado sentir, pues muchos diputados (y entre ellos los seis de Córdoba, que ésta removió después, pero con los cuales el Congreso se ha hecho fuerte) han, tenido el valor impertérrito de pronunciarse por la forma de gobierno de unidad, después de constarles hasta Ia evidencia, que los pueblos sus representados se habían decidido por la federación”.  Igual actitud atribuía el periódico a Mansilla, diputado por entonces de Entre Ríos, y señala Rosa con relación a Francisco Acosta, cuyas veleidades centralistas causaban, la indignación del gobernador de Corrientes, Ferré.
Ante tales circunstancias, en cuya narración nos hemos demorado deliberadamente, era posible una discordancia como la apuntada, que, indudablemente, se originaba en el escaso celo de los gobernadores.  Pero, a veces, la situación era aun menos clara, y los nombramientos obedecían a propósitos desviados de los objetivos que debían observarse en una convocatoria constituyente.  Tal es el caso de los diputados por La Rioja.
Quien fuera designado en primer término, Ventura Vázquez luego, reemplazado por, Santiago Vázquez, ostentaba como único título el de apoderado de la sociedad minera dirigida por Braulio Costa y sus compañeros.  Eusebio Gregorio Ruzo, Lucio Mansilla y Patricio del Moral, fueron directamente indicados por aquel especulador porteño a Quiroga, y, como era de esperar, su designación tenía por razón prioritaria la defensa de los intereses de la empresa en que aquellos estaban comprometidos.
En efecto, todos tenían que ver con las especulaciones mineras.   Ruzo, que hasta 1825 fuera Gobernador de Catamarca, había otorgado en su provincia concesiones a Costa y sus asociados, circunstancia a la que atribuía la hostilidad de sus adversarios políticos.  En cuanto a Mansilla, Iriarte Io sindica, en sus sabrosas Memorias, como al candidato en que pensara don Braulio para abrir sus negociaciones en La Rioja y en igual situación se encontraba, por entonces, del Moral.
Pero esta coincidencia de intereses, con ser criticable, no es el único aspecto particular de Ia gestión de los representantes riojanos.  No solo votaron la unidad como Ruzo y Santiago Vázquez, favorecidos por Ia carencia de instrucciones de su mandato, que solo contemplaba la defensa de la religión católica y de las concesiones mineras otorgadas por la provincia; sino que revelaron en sus juicios una violenta animadversión contra los derechos de los pueblos del Interior y sus más destacados representantes.
Lucio Mansilla, por ejemplo, al responder a la defensa del federalismo que hacia Galisteo, diputado santafesino, cuestiona la capacidad de las provincias para gobernarse autónomamente, y afirma, refiriéndose a Santa Fe y a Entre Ríos, que estas “no se gobiernan bajo ningún sistema de gobierno, sino por la espada militar” (sesión del 14.7.1826)... Esa imprudente manifestación, de un torpe autoritarismo, y reveladora de un grado de incomprensión impropio de un representante provincial, no tenia menor gravedad que la expuesta por el citado Vázquez, quien, al aludir a la situación que imperara en la Banda Oriental en la época de Artigas, sostenía que para entonces “era dueño de todo y puede decirse que hasta de los pensamientos, un monstruo feroz” (sesión del 7/10/1826).

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