jueves, 17 de noviembre de 2011

El Período Rivadaviano y el Congreso de 1824/27


Ley Provincia de buenos Aires 1824 y tratado con Inglaterra.
El Período Rivadaviano y el Congreso de 1824/27

El proceso de centralización unitaria fue llevado hasta sus últimas consecuencias por el “grupo rivadaviano”. El unitarismo muestra coherencia y cohesión, en oposición a la heterogeneidad del federalismo. A través de la presidencia de Rivadavia se ensayará un ordenamiento centralista del Estado.
El período rivadaviano puede ser dividido en tres etapas:

·  Actuación personal de Rivadavia en el primer Triunvirato (formación de junta para organizar la compañía de seguros y el Banco de Descuentos, decretos de exportación e importación; exención de derechos a la carne salada; inmigración; levantamiento de plano topográfico de la provincia para repartir tierras).
·  Durante el gobierno de Martín Rodríguez.
·  Presidencia (Guerra con el Brasil y Constitución de 1826)

Para algunos, el proceso significa la puesta en marcha de un profundo plan de modernización del país; Rivadavia constituiría el arquetipo del reformista liberal que proyectó un país que no pudo realizarse ni concretarse.
Para otros Rivadavia representa la continuación de la política borbónica en el Plata y su acción, en el escenario de la provincia de Buenos Aires de ciertas formas de despotismo ilustrado. Rivadavia es un fruto de la Ilustración, discípulo de Rousseau, transferido a Bentham.
Pretende realizar un primer ensayo de liberalismo signado por la Ideología, la solidaridad social, el utilitarismo de Bentham, Condillac, etc.
Rivadavia era un reformista, un progresista. Creyó en las conquistas del pensamiento, mediante una administración ordenada (Ley, conciencia, razón).
Su sistema de ideas tenía como motor la razón, pero la ley, muchas veces, no se correspondía con las circunstancias de hecho. Y, por sobre todo, las reformas tendían a favorecer a la provincia de Buenos Aires y aun a ciertos sectores, en detrimento del resto del país. Los errores devenían del desajuste entre los esquemas racionales y su aplicación. Además, el grupo rivadaviano no obedecía ni representaba al mandato popular. Surgían de élites cerradas.
Se creía en la posibilidad de realizar mejoras generales “desde arriba”, a la manera del despotismo ilustrado. Le faltaba la sutil e instintiva captación del pueblo.
La grandeza y la caída de Rivadavia quizás estén dadas por su falta de sensibilidad “política”, que requiere un sentido de la realidad concreta. No vale institucionalizar para un futuro, sino para un presente, aunque siempre con miras al futuro.               
Con Martín Rodríguez, y principalmente luego de la firma del Tratado del Cuadrilátero, Buenos Aires vuelve a obtener primacía y pretenderá constituirse en centro hegemónico del país. El programa de acción unitario sería el logro de una Constitución para todo el país, desde Buenos Aires y teniéndola como centro. Se hace necesario expandirse territorialmente para garantizar el comercio interprovincial.
Esta expansión se logró financiando y organizando expediciones contra los indios. Al no guardar relación esta expansión con la demográfica, para obtener mano de obra se pensó en el aporte inmigratorio.
Con la expansión del territorio se aumentaron los establecimientos ganaderos y las estancias se transformaron en empresas capitalistas. Se incrementó el comercio exterior e interprovincial; Buenos Aires se desarrolló pronto y se transformó en el centro financiero y comercial de la nación. Las reformas tendrían centro en la Capital y Provincia con exclusión del resto del país. Llega a plasmar un orgulloso aislamiento, sintiéndose motor y factor decisivo del territorio nacional que, por lo demás, parece ignorar su existencia.
La finalidad de Martín Rodríguez era la elaboración, al menos para Buenos Aires, de una política capaz de:

·  Promover el DESARROLLO INTERNO de la comunidad
·  Asegurarse RECONOCIMIENTO Y APOYO de POTENCIAS EXTRANJERAS (en especial Gran Bretaña y Estados Unidos).

Para ese logro Rivadavia diseñó una política financiera tendiente a reunir y concentrar en apoyo del Estado los intereses de los acreedores, internos y externos. Creía que éstos apoyarían así la independencia y se convertirían en fuente de recursos para promover la educación, la inmigración, la expansión territorial, las obras portuarias y los servicios portuarios. Estas reformas se inician con la fiscalización del gasto por organismos especiales del ministerio de hacienda y la formulación del presupuesto de gastos e ingresos, la contribución directa, consolidación de la deuda, creación del correo.

La misión Zavaleta: resultado. Convocatoria al Congreso. Ley Provincial de noviembre de 1824.
                El lustro que se extiende desde la disolución del Congreso de Tucumán a principios de 1820 a la reunión del Congreso Nacional de las Provincias Unidas del Río de La Plata, a fines de 1824, es un intenso proceso histórico. Comprende el estallido de la anarquía, la organización institucional de las provincias, entre ellas la de Buenos Aires, y el fracaso del Congreso Nacional de Córdoba que llegó a reunir diputados de diez provincias. El fracaso de ese Congreso fue motivado por el retiro de los diputados de la Provincia de Buenos Aires, conforme a las instrucciones del nuevo ministro Rivadavia, observando que era imposible constituir de inmediato, en 1821, la autoridad Nacional, en virtud de que en todo el país no había en quien depositarla, que no podía dársele fuerzas bastantes y la falta de fondos no permitía exigir ese sacrificio a los pueblos que yacían en la miseria. La unión de Buenos Aires con las Provincias del Litoral, se afianzaba cada vez más no sólo como consecuencia de la desaparición de Artigas del escenario político sino por la gravedad de la invasión portuguesa. Una de sus altas expresiones había sido el Tratado del Cuadrilátero, de enero de 1822.
                El ministro Rivadavia había designado comisionados al interior para conseguir la adhesión de las Provincias al Congreso Nacional, a reunirse en Buenos Aires. El deán Zavaleta pasó a Cuyo, donde la idea fue acogida con entusiasmo. El general Las Heras y el doctor Cossio se dirigieron al Norte y al litoral, y el plan también se abrió camino. Opusieron resistencia las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca. Bustos y Quiroga encabezaron la oposición al Congreso a reunirse en Buenos Aires alegando que se proponía desconocer las autonomías provinciales y dictar una constitución unitaria.
                En las instrucciones del deán Zavaleta se fijaban las siguientes bases:
·  Reunión de todas las provincias en una nación administrada bajo el sistema Representativo;
·  Cada Provincia estaría en un orden de paz, de conformidad los pueblos con los gobiernos respectivos.
Algunas variantes se observan en las instrucciones a Cossio, pues éste debía gestionar la adhesión de las Provincias del Litoral para desalojar a los portugueses de Montevideo y obtener el concurso del Paraguay para nombrar el Ministro Plenipotenciario que se enviaría a España con el fin de acordar el Tratado definitivo de paz y amistad, de acuerdo con el convenio preliminar de 4 de junio de 1823, desconociéndose en cierto modo la soberanía del Paraguay. El general Las Heras fue comisionado a las provincias del Alto Perú, para lograr el retiro de las fuerzas realistas y su adhesión y unión a las demás provincias.
En el mensaje del Ministro Rivadavia a la Junta de Representantes, en febrero de 1824, explica las dos razones de urgencia que hacían necesaria la reunión del Congreso Nacional: el estado interior del Perú, motivado por la guerra de la Independencia, especialmente en el altiplano, y la situación a que habían llegado las relaciones con el Brasil que continuaba reteniendo la Provincia Oriental. La ley fue promulgada el 5 de marzo de 1824. Por ella se facultaba al Gobierno a invitar a los pueblos de la Unión a reunir lo más pronto posible la Representación Nacional y a tomar todas las medidas conducentes a la realización de ese acto. La base de la representación sería la misma que la adoptada por el Reglamento Provisorio de 3 de diciembre de 1817, es decir, un diputado por cada 15.000 hombres y las elecciones se harían conforme la ley de sufragio universal del 14 de agosto de 1821. Los pueblos expresarían por medio de sus gobiernos, el lugar en que sesionaría el Congreso Nacional. La mayoría señaló a Buenos Aires. El 2 de abril de 1824, el general Las Heras sucedía en el mando de la provincia de Buenos Aires al general Rodríguez. Rivadavia dejaba de ser Ministro y se alejaba del país en viaje a Europa. En la Provincia de Buenos Aires, renacía el espíritu federal, y a fines de ese año (13/11/24) la Junta de Representantes dictaba una ley por la que se reservaba el derecho de aceptar o rechazar por su parte la Constitución “que presente” el Congreso Nacional. Tales son los antecedentes inmediatos que explican la reunión del Congreso Nacional, cuya primera sesión preparatoria se celebró el 6 de diciembre.

Instalación del Congreso.

El 6 de diciembre de 1824 se reunieron en sesión preparatoria veintitrés diputados, presididos por el deán Funes (miembro más anciano) y actuó como Secretario Dalmacio Vélez (miembro más joven), quien como diputado por San Luis, se iniciaba en la vida política del país.
La apertura de sesiones se realizó el 16 de diciembre en cuya primera sesión fue recibido un memorándum firmado por el Gobernador Las Heras y el Ministro García saludando a la representación nacional, y explicando la labor que la Provincia de Buenos Aires había desplegado en las relaciones con las potencias extranjeras a nombre de las demás provincias y los actos relativos a asuntos de interés general en que había intervenido desde 1820. En lo relativo a relaciones internacionales el Dr. García destaca la actitud de los Estados Unidos que había reconocido nuestra independencia, en contraste con la política del Brasil que retenía bajo su mando Provincia de Montevideo. Declara que en Europa, la Santa Alianza no podía reconocer como legítimos los gobiernos americanos cuya autoridad se basaba en los derechos simples y naturales de los pueblos, pero la Gran Bretaña se disponía a reconocer la independencia de las nuevas repúblicas.
                Efectivamente, el 2 de febrero de 1825 se firmaba el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Gran Bretaña y el gobierno de Buenos Aires. Llevado al Congreso se inició la discusión el 12 de febrero. En este tratado se declaraba perpetua amistad entre los dominios y súbditos del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda y las Provincias Unidas del Río de la Plata y sus habitantes. Se reconocía para ambas partes una recíproca libertad de comercio y navegación, beneficios que para los habitantes de las Provincias Unidas se extendían también a todos los dominios de la Corona Británica fuera de Europa. En materia de derechos de importación debía regir en ambos países igualdad de tratamiento para la introducción de sus respectivos productos. Otros artículos trataban de la nacionalidad de los buques de comercio, del nombramiento de los cónsules, de los derechos de los individuos de ambos países, estableciéndose para los súbditos británicos residentes en las Provincias Unidas el derecho de disponer libremente de sus bienes y propiedades. Quedaba igualmente reconocido para ambas partes el principio de la libertad de conciencia y de cultos en los dos estados. Por fin las provincias se comprometías a cooperar con Gran Bretaña en la abolición total del comercio de esclavos. A pesar de las reservas expresadas por algunos diputados, se autorizó por decreto al Poder Ejecutivo para ratificar el tratado.

La batalla de Tacuarembó (14/1/1820) significó la derrota definitiva de Artigas, al tiempo que la anexión de la Banda Oriental, como Provincia Cisplatina al Imperio de Brasil. A partir de dicha anexión, las autoridades nacionales iniciaron gestiones diplomáticas para obtener la solución del conflicto.
Alvear fue encomendado a los Estados Unidos de América. Allí se entrevista con el Ministro Canning (3/7/1824), solicitando la mediación de los Estados Unidos en el conflicto. El 19 de octubre de 1824, el Presidente John Adams accede a actuar como mediador. En abril de 1825, Alvear regresa, habiendo concluido exitosamente su gestión.
Posteriormente, Alvear es encomendado junto con Díaz Vélez para negociar con Bolívar una estrategia conjunta para la resolución de los conflictos de la Banda Oriental, Moxos y Chiquitos. Esta negociación se vería frustrada por la guerra.
El envío de José Valentín Gómez a la Corte de Río, y el fracaso de su gestión, presagiaba la guerra. Gómez presentó un petitorio a la Corte de Río, exigiendo la inmediata evacuación de la Banda Oriental. Se comprometía, en cambio, a la firma de un tratado de amistad y buenas relaciones en modo estable, y a indemnizar al Brasil por los daños sufridos.
La gestión de Valentín Gómez concluyó con una agónica protesta invocando el derecho de gentes, y debió regresar al país prácticamente huyendo.
El 19 de abril de 1825, los “treinta y tres orientales”, comandados por Lavalleja recuperan el territorio usurpado por los brasileños.
El 25 de agosto del mismo año en el Congreso de la Florida los orientales declaran la nulidad de su anexión con Brasil, su unidad con las demás provincias argentinas y la formación de un gobierno libre.
Mientras Brasil organizaba la reconquista, el 25 de octubre de 1825, el Congreso Nacional reconoce la reincorporación de la Banda Oriental.
El 4 de noviembre el Congreso elabora una Declaración de principios al Emperador del Brasil. Por ella, se comprometía a no atacar sino para defenderse y obtener restitución de puntos aún ocupados; también a proveer a la defensa y seguridad de la Provincia Oriental; asimismo se expresaba que dependía del Emperador establecer la paz.
La actitud de la Corte del Brasil, distó mucho de la pacificación requerida: invadió nuevamente y se dispuso a apresar buques y bloquear los puertos.
El 1º de enero de 1826, triunfando la posición pacifista de Valentín Gómez, el Congreso sanciona una ley autorizando a resistir la acción del Imperio a la República. El Ministro García había sugerido otra, autorizando la utilización de los medios que hace lícitos el derecho de guerra.
El 24 de agosto de 1826 Francisco de la Cruz plantea a J.M. Forbes la aplicación de la doctrina Monroe al caso. El pedido fue denegado luego de concluida la guerra, el 1º de marzo de 1828.

Principales leyes dictadas por el Congreso.

·  La ley fundamental.
·  La ley de Consulta.
·  Ley de Presidencia.
·  Ley de Organización de Ministerios.
·  Ley de Capitalización.
·  Ley de Disolución de los Poderes de la Provincia de Buenos Aires.
·  El Banco Nacional.
·  Consolidación de la Deuda.
·  Enfiteusis.

 Debates sobre el régimen electoral y la forma de Estado.
               
En la sesión del 22 de diciembre, tuvo entrada el Proyecto de Ley Fundamental del diputado Acosta por Corrientes.
Se trata de una de las grandes leyes argentinas. En la exposición de motivos se deja constancia de la importancia del “Proyecto de Ley Fundamental o artículos de perpetua unión” que reproduce el Pacto con que se unieron las Provincias desde el día que proclamaron su Independencia –era pues a modo de un nuevo Pacto Interprovincial- e indique sus atribuciones y objetos, señale la ruta que se ha de seguir, establezca las bases de la reorganización del nuevo Estado y provea a sus necesidades.
Se iniciaban las deliberaciones en un momento excepcional; se había librado en Ayacucho, la última batalla contra el poder español; Alvear en Estados Unidos y Rivadavia en Inglaterra, actuaban eficazmente defendiendo nuestros intereses, y los orientales preparaban la expedición de los 33 Libertadores.
El autor del Proyecto retiró el suyo pasándose a considerar el dictamen de la Comisión (Funes, Zavaleta, Castellanos, Paso, Frías y Vélez). Se aprobó el artículo 1º que dice así:

“Las Provincias del Río de la Plata reunidas en Congreso reproducen por medio de sus diputados y del modo más solemne el pacto con que se ligaron desde el momento en que sacudiendo el yugo de la antigua dominación española se constituyeron en Nación independiente y protestaban de nuevo emplear todas sus fuerzas y todos sus recursos para afianzar su independencia nacional y cuanto pueda contribuir a la felicidad general”.
               
El artículo 2º:

“Su denominación en lo sucesivo será Provincias Unidas del Sud de América”,

Fue objeto de una ilustrada discusión, y suprimido por el Congreso, decidiendo que todas las resoluciones tuviesen este encabezamiento

“El Congreso General de las Provincias Unidas del Río de la Plata ha acorado y decreta lo siguiente...”

En la siguiente sesión se aprobó como artículo 2º:
“El Congreso General de las Provincias Unidas es y se declara constituyente”

Por el artículo 3º se declara

“Por ahora y hasta la promulgación de la Constitución que ha de reorganizar el Estado, las Provincias se regirán interiormente por sus propias instituciones”.

El artículo 4º quedó redactado, luego de las objeciones del diputado Gómez, en los siguientes términos:

“Cuanto concierna a los objetos de la independencia, integridad, seguridad, defensa y prosperidad nacional y a las relaciones exteriores de las provincias con cualesquiera otro gobierno, nación o Estado Independiente, es del resorte privativo del Congreso General”.

Se aprobó el artículo 5º que dice:

“El Congreso expedirá provisoriamente las disposiciones que se hicieren indispensables sobre los objetos mencionados en el artículo anterior.”

El Congreso aprobó el artículo 6º que establece:

“La Constitución que sancionare el Congreso, será ofrecida oportunamente a la consideración de las Provincias y no será promulgada ni establecida en ellas hasta que haya sido aceptada”.

Ningún artículo generó tanta discusión como el 7º:

“Por ahora y hasta la elección del Poder Ejecutivo Nacional, queda éste provisoriamente encomendado al Gobierno de Buenos Aires con las facultades siguientes:

                1ª. Desempeñar todo lo concerniente a negocios extranjeros, nombramiento y recepción de ministros y autorización de nombrarlos.
                2ª. Celebrar tratados, los que no podrá ratificar sin obtener previamente especial autorización del Congreso.
                3ª. Ejecutar y comunicar a los demás gobiernos todas las resoluciones que el Congreso expida en orden a los objetos mencionados en el artículo 4º.
                4ª. Elevar a la consideración del Congreso las medidas que conceptúe convenientes para la mejor expedición de los negocios del Estado.

Por un último artículo se mandaba comunicar esta ley a los Gobiernos de las Provincias Unidas por el Presidente del Congreso.
La mayoría de las provincias adhirieron a la Ley Fundamental.
Buenos Aires aceptó la misión que se le encomendaba por artículo 7º
Esta Ley Fundamental, es ella misma una breve constitución de carácter orgánico, porque ratifica los ideales de Independencia y de organización republicana de Mayo y Julio, porque comprende y resuelva las cuestiones en los órdenes interno y exterior que convulsionaban el país, constituye un Gobierno Nacional Provisorio, y señala las direcciones políticas e institucionales a adoptarse para sancionar la Constitución definitiva. Fue sancionada el 23 de enero de 1825.
En esta ley queda manifiesto el accionar de Buenos Aires. Una vez que la ley es adaptada a sus objetivos, la Junta de Representantes la acepta prontamente.
               
Ley de Consulta (21/6/1825):

Era una especie de sondeo, mediante el cual el Congreso podría estar en condiciones de determinar la forma de estado y obtener el ulterior consentimiento de las provincias. Esta ley determinaba que debía consultarse previamente a las provincias acerca de la forma de gobierno que creyeran más conveniente para afianzar el orden, la libertad y la prosperidad nacional. Ella sería la base para conformar la constitución aunque dejando a salvo el derecho de aceptarla o no conforme con la ley fundamental. La opinión de las provincias se daría a través de sus juntas o asambleas representativas, constituyéndose en casos de no existir.
Las provincias de Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero (posteriormente, también Santa Fe), se manifestaron por la forma federal; Salta, Tucumán y La Rioja, por un gobierno de unidad o concentrado; Catamarca, San Luis y Corrientes, adherían a las deliberaciones del Congreso; Buenos Aires, Entre Ríos, la Banda Oriental y Misiones, no emitieron opinión.
Corrientes y Entre Ríos, luego (1826) se manifestaron inequívocamente por la forma federal.
               
Ley de Presidencia:

Se originó en un proyecto de resolución del diputado Bedoya, solicitando a la Comisión de Negocios Constitucionales las bases para la creación del poder ejecutivo permanente. En sesión del 3 de febrero la Comisión presentó dos proyectos de ley: de ejecutivo nacional y ministerios para el despacho de los negocios del Estado.
Fundamentación (diputado Gómez):
·  Ejecutivo provisorio carente de suficiente fuerza para afrontar los conflictos, especialmente los internacionales.
·  Tropas de provincia declaradas nacionales
·  Recursos para sostener la guerra por la Banda Oriental
·  Banco Nacional bajo autoridad del gobierno nacional
·  El EJECUTIVO HABÍA ADQUIRIDO FUERZA, pero no de modo completo

Se iría robusteciendo con el dictado de la Constitución, como también la autoridad legislativa.
Moreno solicitó que se difiriera el proyecto: el nombramiento o designación de un ejecutivo permanente era de resorte de la Constitución del Estado. Lo más que podría hacerse era crear otro ejecutivo provisorio. Además, la representación provincial era insuficiente (las provincias no habían completado la representación, duplicada por ley del 19 de noviembre de 1825).
No obstante las posturas en contrario, el proyecto fue aprobado por 30 votos contra 5.
Consta de siete artículos. Determinaba que, siendo oportuna y urgente la instalación del ejecutivo nacional permanente, debería nombrarla el Congreso por simple mayoría de diputados presentes. El electo tendría el título de presidente de la Provincias Unidas del Río de la Plata, con tratamiento de excelencia y honores de jefe supremo del Estado, durando en sus funciones el tiempo que estableciera la Constitución, el que se computaría desde la toma de posesión. El electo debía prestar juramento y se comprometería a cumplir la Constitución que se sancionase, proteger la religión católica y defender y conservar la integridad e independencia del territorio de la unión bajo forma representativa republicana. Sus facultades serían las mismas del ejecutivo provisorio y las que ulteriormente se le otorgaran. Gozaría de una compensación anual de veinte mil pesos.
En sesión del 7 de febrero de 1826 se procedió a la elección: Rivadavia fue electo con 35 votos, 1 por Alvear, 1 por Juan Antonio Lavalleja y 1 por Juan Antonio Arenales. Al día siguiente el Congreso recibió el juramento.

Organización de ministerios:

El 6 de febrero se sancionó, denominada Ley de subdivisión de los ministerios nacionales. Creaba cinco ministerios:
·  Gobierno                                                             Julián S. De Agüero
·  Negocios extranjeros                                        Manuel José García
·  Guerra
·  Marina                                                                 Carlos María de Alvear
·  Hacienda                                                             Salvador María del Carril
El presidente podía reunir dos departamentos en un solo ministro, según lo demandare el estado de sus negocios. La provincia de Buenos Aires, gobernada por Las Heras, se desmantelaba.
               
Ley de capital:  

El 9 de febrero, Rivadavia envía al Congreso un proyecto de ley declarando a Buenos Aires capital del Estado, se ampliaban sus límites que quedaban bajo exclusiva e inmediata dirección de la legislación nacional y del Presidente de la República, declaraba nacionales todos los establecimientos de la Capital, todas las acciones, deberes y empeños contraídos por Buenos Aires, organizándose una provincia en el resto de ésta e ínterin quedaba su territorio bajo la inmediata dirección de las autoridades nacionales.
En dictamen de 22 de febrero, la Comisión aconsejaba la aprobación del proyecto. El proyecto fue aprobado por 25 de votos a favor contra 14 en contra.
Argumentos a favor:
·  el país debía tener una cabeza
·  imposibilidad de gobernar el país desde una ciudad que no fuera declarada capital
Argumentos en contra:
·  no podría ser dada sin previo dictado de la Constitución
·  la provincia no podía abandonar sus instituciones hasta que la ley constitucional viniera a reemplazarla
·  La desmembración de Buenos Aires significaba su extinción como provincia
No obstante la aparente adhesión de Buenos Aires, en la sesión del 25 de febrero tuvo entrada la queja de su gobierno contra el Presidente por infracción al art. 3º de la Ley fundamental y 1º de la Ley provincial. Pero la queja era tardía y la aprobación del proyecto en marcha arrasaría con la provincia. Su poder reservado sería arrasado.
Según la ley Capital. Ésta ocupaba un territorio mayor aún que el del Gran Buenos Aires. El resto de la provincia era casi un desierto.
Disolución de los poderes de la provincia de Buenos Aires: en cumplimiento de la Ley Capital, el Congreso dictó una ley por la cual declara:
Que el gobierno de la provincia ha cesado en sus funciones

·  Corporaciones, tribunales y jefes de oficinas provinciales, se ponen a disposición del respectivo ministerio
·  Que los ministros impartan las órdenes que demande el servicio público
·  Que el ministro de gobierno queda especialmente encargado de la ejecución de la presente.

Banco Nacional:

Esta ley data del 28 de enero de 1826. La Comisión
de hacienda expresaba, al discutirse la ley de su creación, que las bases del mismo eran las determinadas para establecimientos de igual clase, pero combinadas con las particulares circunstancias de nuestro estado. Se trataba de incorporar organismos estables para lograr un reordenamiento en los intereses públicos y privados. La ley, compuesta de siete títulos y artículos adicionales, cuenta entre sus principales disposiciones:

·  Autoriza al ejecutivo para establecer un Banco Nacional (“Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata”), con un capital de diez millones de pesos (tres millones: empréstito de la Provincia de Buenos Aires; uno: Banco de Descuentos; suscripción pública por un año de acciones de doscientos pesos cada una.
·  Acciones del gobierno: proporcional al capital aportado.
·  Asamblea general de accionistas con votos proporcionales
·  Administración a cargo de un directorio
·  Administraciones subalternas con fondos acordados por la principal
·  Podía acuñar moneda siguiendo normas de la legislatura y en la cantidad que asignara el gobierno
·  Deberes y privilegios especiales del banco, etc.

Consolidación de la deuda:

Por leyes del 15 de febrero de 1826 y del 16 de marzo del mismo año, se consolida la deuda anterior al 1º de febrero de 1820 procedente de servicios nacionales.
Se garantizaba por la Nación el cumplimiento de las Leyes de 1821, dadas por la Provincia de Buenos Aires para la consolidación de la deuda general del Estado y creación de fondos públicos. Las tierras y más bienes inmuebles de propiedad pública quedaban hipotecadas al pago del capital e intereses de la deuda nacional.
           
Enfiteusis:
Fundamentos de la ley del 18/5/1826.
·  Tierras públicas sujetas al pago del capital e intereses de la deuda interior del Estado y de los 15 millones del fondo público nacional (Ley del 27/10/1825).
·  La enfiteusis es el único recurso para hacer productivas dichas tierras.
·  Inseguridad y desventajas locales de esos terrenos.
·  Falta de capitalistas empresarios que aumenten la demanda
·  La venta de los terrenos no alcanzaría a cubrir la mitad de los dos créditos expresados

La enfiteusis importa el desmembramiento más grande que pueda soportar el derecho de propiedad. Además, en caso de venta, el enfiteuta tiene derecho de preferencia.
La ley del 18/5/1826 determina que las tierras de propiedad pública cuya enajenación se había prohibido en el territorio del Estado se darán en enfiteusis por un término no menor de veinte años desde el 1º de enero de 1827.
·  Primeros diez años: canon 8% pastoreo, 4% pan llevar, del valor anual estimado de la tierra
·  Fijación del valor: jury de cinco propietarios, presidido por un juez
·  Vencidos los diez años: canon fijado conforme a pautas que establecería la legislatura                     
En sesión del 9 de diciembre comenzó a tratarse el Proyecto del Poder Ejecutivo de fecha 12 de setiembre por el que se dividía en dos la Provincia de Buenos Aires, una al Norte (Provincia del Paraná) con capital en San Nicolás y otra al Sur (Provincia del Salado) con capital en Chascomús. De inmediato se propuso que el Congreso suspendiese la consideración de este Proyecto hasta la reunión de la primera Legislatura constitucional o hasta la aceptación de la Constitución por los pueblos. También se expuso que no podía admitirse, por anti-político y perjudicial a la Provincia de Buenos Aires, la que dejaría de existir por una ley que la despedazaba. Se agregó que tal proyecto tendía a dividir los intereses y sentimientos de los habitantes de la Capital de los de la campaña y los de ésta entre sí y que estos hechos tenían una trascendencia tan grande que podrían traer consigo una guerra civil.
Este hecho tiene importancia para comprender la oposición a Rivadavia y su caída. Fue uno de los motivos del rompimiento de relaciones de Rosas con Rivadavia, relaciones que se habían debilitado durante 1826, por el mutuo desacuerdo en relación a la política con los indios.
Firmada la Constitución por el Congreso el 24 de diciembre, el Congreso reanudó sus sesiones el 13 de enero de 1827.
Los comisionados a las provincias para presentarles la Constitución fueron:
·  Juan Ignacio de Gorriti a Córdoba
·  Mariano Andrade a Santa Fe
·  Dalmacio Vélez Sársfield a San Juan
·  Diego Zavaleta a Entre Ríos
·  Manuel Tezanos Pinto a Santiago del Estero
·  Manuel Antonio de Castro a Mendoza
·  Francisco Remigio Castellano a La Rioja

Todas las provincias – con excepción de la Provincia Oriental – rechazaron la Constitución de 1826. En los primeros meses de 1827, hicieron pronunciamiento fundado de su voluntad.
Tales antecedentes explican que en mayo de 1827 se acordara el Tratado de alianza ofensiva y defensiva de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, Salta, Mendoza, San Juan, San Luis y Banda Oriental por el que se comprometían a la organización del país en un nuevo Congreso bajo la forma federal y a las provincias de Buenos Aires, Catamarca y Tucumán a adherirse a la liga. Por el artículo segundo de este Tratado las provincias citadas desechaban la Constitución dictada por el Congreso, sobre la base del sistema de unidad en oposición a la voluntad general de las Provincias. Si por este acontecimiento u otro cualquiera (artículo 3º) el gobierno de Buenos Aires titulado nacional, intentase hacer la guerra a alguna o algunas de las provincias federales por sí o por medio de los gobiernos que lo reconocen, todas las demás provincias de la Confederación auxiliarían a las invadidas. Las Provincias Federadas pondrían todos sus recursos para destruir las autoridades nacionales “que están causando los males de que todo el país se resiente” e invitarían a las demás provincias que no estuvieran en la liga a formar un nuevo Congreso para constituir el país bajo la forma de gobierno federal. Los diputados se reunirían en Santa Fe y allí decidirían el lugar más apropiado para seguir sus sesiones en cualquiera de los pueblos de la República a excepción de Buenos Aires. Por un artículo se obligaban a sostener la integridad del territorio contra el Imperio del Brasil.
Esta liga de Provincia contra el Gobierno de Buenos Aires se organizaba por el caudillo Bustos en el momento en que el enviado del Gobierno al Brasil, Dr. Manuel José García firmaba una Convención preliminar de Paz que precipitaría la caída del Presidente Rivadavia.

El 27 de julio de 1827 la Junta de Representantes de Córdoba dictaba la ley conforme a la cual:

·  Notificaba sus anteriores resoluciones sobre la renuncia de los diputados;
·  La provincia de Córdoba se abstenía por ahora de tratar los últimos acontecimientos de Buenos Aires, como la erección del Poder Ejecutivo Provisorio, hasta ponerse de acuerdo con las demás federadas;
·  Autorizar al Poder Ejecutivo de Córdoba para que invitar a todos los Estados de la Unión y también al de Buenos Aires, si “volvía al estado primitivo de Provincia”, a la celebración de un Congreso General para el mes de setiembre en el lugar que eligieran las provincias;
·  El Poder Ejecutivo emplearía toda su influencia para hacer terminar la guerra civil.

Las provincias se alzaron contra Buenos Aires, sintiéndose lesionadas por la tendencia centralizadora y absorbente de su gobierno, como se demuestra con pruebas documentales del rechazo de la Constitución de 1826 y del acuerdo para “destruir” las autoridades nacionales de la Capital y organizar el país bajo el régimen federal.
Las negociaciones de paz con Brasil se trataron en varias sesiones secretas del Congreso General Constituyente.
En la primera de ellas, celebrada el 9 de noviembre de 1826, se hizo una exposición completa de sus antecedentes más inmediatos que ilustran el sentimiento argentino de lograr la paz, pero de mantener la integridad del patrimonio territorial, con la Banda Oriental. Se relató en ella la actuación del General Alvear en Inglaterra, Estados Unidos y Perú. El gobierno se preparaba por todos los medios para la guerra sin abandonar las vías de una transacción honrosa y con ese objeto se comisionó a Bernardino Rivadavia para solicitar la mediación de Inglaterra, manifestando la decisión del país de emplear la fuerza si otro modo honroso no se terminaba esa cuestión con el Emperador del Brasil, pero que por entonces la citad nación no había querido hacerse cargo de la mediación, dado que su injerencia en los gobiernos de América podía despertar celos o desconfianzas en la Santa Alianza. Después había sido nombrado Manuel Sarratea para promover nuevamente esa mediación y el Gabinete inglés quiso saber si el Gobierno argentino estaba dispuesto a dar alguna indemnización a la Corte del Brasil por los gastos originados en la ocupación de la Banda Oriental,  y Sarratea, que no tenía autorización sobre ese asunto, dio su opinión particular favorable de que la Argentina no se opondría a esa indemnización “por el bien de la paz y recuperación de la Banda Oriental”, que después ratificó nuestro gobierno.
Lord Ponsomby, había sido designado por Inglaterra para esa negociación y en el Brasil supo que el Emperador no quiso admitir la mediación inglesa ni hacer proposición alguna de paz. Al venir a Buenos Aires, Lord Ponsomby, frustradas las tentativas de paz, propuso al gobierno argentino las siguientes condiciones:
Que la provincia oriental se constituyera en Estado Independiente, y se conservara así por el término de quince años, garantida su independencia por ambas partes contratantes, y que durante ese tiempo la Banda Oriental no podía ser incorporada a ninguno de los dos Estados ni a otro alguno. El gobierno contestó que no admitiría ninguna proposición mientras el Emperador del Brasil no adoptase alguna base para esta negociación.
La segunda sesión secreta tuvo lugar el 25 de junio de 1827, en la que el Ministro de Relaciones Exteriores expuso que todas las medidas para celebrar la paz habían fallado, que el Gobierno había sido sorprendido con la convención preliminar firmada por nuestro ministro diplomático, el Dr. García, que su conducta “había sido altamente desaprobada”, habiendo “traspasado sus instrucciones y firmado la ignominia de la República”. El Ministro insistió en que el Gobierno no había enviado los tratados al cuerpo legislativo para deliberar sobre ellos, si debían o no ser ratificados porque eran “en si mismos bastante ignominiosas para que el Congreso se ocupare de ellos”, que la mente del Gobierno era sólo que el Congreso reflexionara seriamente, por los documentos leídos, del estado de la República, “de la necesidad de un gran sacudimiento queríamos conservar el honor nacional y tener patria”. Un primer dictamen de la Comisión especial nombrada para aconsejar al Gobierno, fue rechazado en la sesión secreta del 27 de junio y al día siguiente se aprobó un nuevo dictamen por unanimidad, en el que se expresaba que el Congreso había visto con no menor sorpresa y asombro que el Poder Ejecutivo, la convención preliminar celebrada y firmada por el Plenipotenciario Dr. García. No vacilaba en expresarse así en apoyo del justo rechazo que el Poder Ejecutivo había opuesto a la citada convención.
El Ministro García reconoció que se había colocado “en aquel caso raro en que un Plenipotenciario debe hacer un gran servicio a su Gobierno sin comprometerlo y exponerse a ser desaprobado”, y resultó vano todo intento de justificación de su conducta.
En su renuncia a la Presidencia de la República, Rivadavia pudo decir que su vida entera la había consagrado a la Independencia y que reconocer la legitimidad de la dominación del Brasil en la Provincia Oriental, sería sancionar el derecho de conquista, derecho diametralmente opuesto al que se debe reconocer en América: que cada país pertenece a sus pobladores. Dicha renuncia fue presentada y aceptada el 28/6/1827, por 48 votos a dos.
La labor gubernativa y legislativa continuaba desarrollándose sin interrupción desde la iniciación de 1827, en tanto se unían las provincias contra el Gobierno nacional.
En la proclama de Rivadavia al Pueblo, conjuntamente con la comunicación de su renuncia, explicaba que el ciudadano a quien se confió la misión en el Brasil, traspasando la autoridad de que estaba revestido; “nos ha traído en vez de un tratado de paz, la sentencia de nuestra ignominia y la señal de nuestra degradación”. 
Con el deseo de hacer cesar la guerra civil, restableciendo la unión de las Provincias y conseguir la cooperación de todas para el éxito de la guerra, la Comisión especial presentó un Proyecto de Ley aprobado el 3 de julio de 1827.

La ley disponía:

1º) Se procedería a designar un nuevo presidente provisional de la República hasta la reunión de la Convención nacional a que se refiere el artículo 7ª;
2º) Funciones: paz, guerra, relaciones exteriores y hacienda nacional;
3º) Facultades de Ley con respecto al Banco Nacional;
4ª) Dirección del gobierno de la ciudad y territorio de Buenos Aires, hasta verificar lo dispuesto en el artículo 10ª.
 5º) El Congreso no tratará otros negocios que los del artículo 2º, a no ser en algún caso urgentísimo;
6º) Las Provincias que hubiesen retirado a sus diputados, podían insistir en su remoción y quedarían cesantes;
7º) El Poder Ejecutivo Nacional procederá a invitar a las Provincias a la más pronta reunión de una Convención Nacional, compuesta por ahora de un diputado por provincia, en el lugar que ellas eligiesen;
8º) Facultades de la Convención: reglar su representación, nombrar Presidente de la República, proveer cuanto estime conveniente y recibir los votos de las Provincias sobre la aceptación o repulsa de la Constitución o sobre diferir su pronunciamiento,
9º) El Congreso quedaría disuelto al instalarse la Convención;
10º) Se reconstruía la Provincia de Buenos Aires;
11º) Se recomendaba a las Provincias la conservación de un cuerpo deliberante hasta la instalación de un nuevo congreso;
12º) Presidente: esfuerzos para hacer cesar la guerra civil;
13º) Presidente: guerra nacional y concurrencia a ella de todos los pueblos.
Candidatos a Presidente: Lavalleja, Vicente López; Teodoro Bustamante; José Pico.
El 5 de julio se designó a Vicente López por 45 votos. Rudecindo Alvarado, tuvo 9 votos, Antonio Lavalleja, 4; Mariano Necochea, 1.
El Dr. López renunció al cargo. Ésta fue rechazada por 48 votos a tres. Aquí el Dr. López aceptó el cargo. Prestó juramento el 6 de julio.
La presidencia interina de López no alcanzó a durar dos meses. El acto de gobierno más importante fue la elección de diputados para la Legislatura Provincial, llevada a cabo el 24 de julio. Se realizaron en orden y con concurrencia de votantes.
El 12 de agosto resultó electo Gobernador y Capitán General el Coronel Dorrego. La Junta de Representantes dictó la ley por la que se ordenaba la remoción de los diputados de la Provincia de Buenos Aires que actuaban en el Congreso Nacional. El Coronel Dorrego fue autorizado para considerar la situación general del país con el Comisionado de la Provincia de Córdoba y hacer llegar a las Provincias hermanas sus sentimientos para estrechar la unión y crear un centro tal como lo demandaban el respeto y dignidad de la República.
El 18 de agosto de 1827 se celebraba la última sesión del Congreso General Constituyente.

1º) El Congreso recomendaba a la Legislatura de Buenos Aires y su gobierno, la dirección de la guerra y las relaciones exteriores y la satisfacción y pago de la deuda;
 2º) Congreso y Gobierno Nacional quedaban disueltos;
3º) El Presidente del Congreso haría entrega de su archivo al Presidente de la Junta de Representantes de la Provincia.
Electo Dorrego Gobernador, y teniendo a su cargo la dirección de la guerra, las relaciones exteriores y la hacienda pública en el orden nacional, su obra consistió en primer término en restablecer la unión de las provincias argentinas y hacer efectiva la contribución de hombres y dinero para continuar la guerra con Brasil.
Sus ministros fueron: Manuel Moreno, de Gobierno, José María Rojas en Hacienda, y el General Juan Ramón Balcarce de Guerra y Marina.
La unión de las provincias que sobrevivió a la anarquía de 1820, con el régimen de los Pactos interprovinciales, renacía en la guerra con el Brasil más vigorosa que nunca y que fue base del Pacto Federal de 1831.
Ya en abril de 1827, las Provincias de Cuyo firmaron un pacto de unión y en mayo diez provincias acordaron el pacto de amistad y recíproca tolerancia, constituyendo una liga ofensiva defensiva y desechando la Constitución sancionada por el Congreso, porque adoptaba el sistema de unidad, en oposición a la voluntad general de las Provincias. Tales Provincias invitarían a las demás a un nuevo Congreso, con el objeto de “constituir al país bajo la forma federal”.
El Coronel Dorrego gestionó con varios gobiernos del interior, comenzando por Córdoba, y luego con Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, la unión defensiva y ofensiva para continuar la guerra exterior, reconociendo la autonomía de las partes contratantes. La paz y la guerra afectaban inmediatamente los intereses del litoral del país.
La estipulación con Córdoba, fue el primer instrumento necesario para solucionar transitoriamente el problema político interno, y sirvió para mantener el estado de guerra con el Brasil, no sólo por la contribución de soldados y armas, sino porque contrariaba las expectativas del emperador del Brasil, que confiaba en la acefalia de la República.
El 21 de setiembre se firmaron las importantes estipulaciones entre Córdoba y Buenos Aires.
Se reconocían ambas provincias por iguales, con los mismos derechos, comprometiéndose solemnemente en sostenerse, defender las actuales instituciones formando parte de la Nación con la voluntad de cooperar en la guerra con el Brasil. La provincia de Buenos Aires procedería lo más pronto posible al nombramiento de dos diputados para la convención que debería reunirse en Santa Fe o en San Lorenzo con el fin de arreglar los negocios generales del país. Los diputados se pondrían en camino, no bien el Gobernador de Córdoba avisase el día en que se verificaría la apertura de las sesiones. Se concretaban las instrucciones que una y otra provincia darían a sus diputados a la Convención, que eran:

·  Nombrar Ejecutivo Provisional para objeto de paz, guerra y relaciones exteriores;
·  Autorizar los gastos que demanden dichos asuntos, de los fondos sobre el crédito común;
·  Dar bases al Congreso General Constituyente a reunirse después
·  Dilucidar las atribuciones y deberes del Congreso;
·  Fijar la forma de gobierno, que debe ser federal;
·  Proveer a la seguridad del país.

Córdoba mandaría un regimiento de 600 plazas para la guerra y Buenos Aires, los reclutamientos posibles para el Ejército de Operaciones, sosteniendo del modo más decisivo a la campaña “como lo ha hecho hasta ahora”.
En pacto reservado, Buenos Aires convino en hacer efectiva la responsabilidad de las personas que integraban la administración antes del 3 de julio, no permitiendo la salida de ninguna de ellas y de Carlos de Alvear y Valentín Gómez, hasta que respondieran a los cargos que pudieran hacérseles. También Buenos Aires ofrecía remover aquellos empleados que perjudicarían la marcha actual de los pueblos.
En las estipulaciones de Buenos Aires con Santa Fe se contempla ese estado de acefalia nacional (octubre de 1827). Para dirigir la guerra y las relaciones internacionales, se delegaba las facultades en el gobierno de Buenos Aires hasta la reunión de la Convención o Congreso y se compromete a suministrar los recursos necesarios en proporción a la población de la Provincia. Hay constancia de la preferencia de la instalación de una Convención, más bien que un Congreso, así como que la representación por cada provincia sería de dos diputados. Se declaraba explícitamente que era imperiosa la reunión con los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes, reconociéndose el significado de la unión entre las cuatro Provincias que en 1822 habían integrado el Tratado del Cuadrilátero. La Junta de Representantes al aprobar la estipulación, suprimió la parte en que se designaba al General Fructuoso Rivera como jefe de la división que debía actuar en territorio enemigo, e hizo adiciones respecto a la organización institucional, concretando que la forma de gobierno a fijarse debía ser federal.
Las estipulaciones con Entre Ríos (4/12) y con Corrientes (3 y 5 de enero de 1828) reproducen las principales cláusulas de las firmadas con Santa Fe.
Los Diputados de las Provincias concurrieron a la Convención Nacional conforme a la Ley del Congreso Constituyente, a reunirse en Santa Fe o en San Lorenzo como lugar más inmediato a la Provincia Oriental. El 31 de julio celebraron la primera reunión los diputados de varias provincias, y ya en ella, la representación de Córdoba planteó una disidencia con el pretexto de que era necesario exponer el objeto de la Asamblea, pero en realidad era porque el General Bustos se oponía a la influencia preponderante de Dorrego. A la actitud de Córdoba se adhirieron los diputados de Corrientes y San Luis, pero no obstante tal oposición, la Representación Nacional se dio por constituida el 25 de setiembre con delegados de nueve provincias. Al día siguiente la Representación Nacional aprobó los Tratados de Paz con el Brasil, que reconocía la independencia del Estado Oriental.
Con el retiro de la diputación oriental, sólo estaban representadas ocho Provincias que al decir del diputado por La Rioja, Lucio Mansilla “formaban las dos terceras partes y tenían derecho a formar cuerpo de nación”.
El grave suceso de la revolución militar de Lavalle produjo una profunda conmoción en el país y especialmente en la Convención Nacional reunida en Santa Fe. En la sesión del 10 de diciembre de 1828, se dio cuenta de la nota del Gobierno de Buenos Aires al de Santa Fe, datada en Cañuelas el 2/12, informando que el ejército sublevado había atropellado a las autoridades constituidas, pedía se sirviera cooperar al restablecimiento de la autoridad del Gobierno, así como también los demás gobiernos provinciales, para sofocar en su origen un atentado que nos volverá a la anarquía e impedirá el cumplimiento del honroso tratado de paz que acababa de celebrarse.
El fusilamiento de Dorrego decidió a los Diputados a organizar un movimiento defensivo a las Provincias, a obtener el envío de las representaciones que no habían sido nombradas por algunas de ellas y a designar un Poder Ejecutivo General que entendiera solamente a nombre de las Provincias en los negocios públicos.
Se intimó a los generales por resolución del 13 de enero de 1829 a que se pusieran a las órdenes de la única autoridad nacional existente en este cuerpo, exigiéndose del Gobierno Provisorio de Buenos Aires que diera cuenta del estado de las relaciones exteriores y cesara en la administración de ellas.
En las sesiones del 19 y 20 de febrero, se declaró que la Representación Nacional, “único poder que hoy tiene la República, inviste la autoridad soberana”. Además esa Representación Nacional tomaría todas las medidas gubernativas necesarias hasta el establecimiento del Poder Ejecutivo.
Sin interrumpir sus sesiones la Representación Nacional, declaró el día 21 anárquica, sediciosa y atentatoria contra la libertad, el honor y la tranquilidad de la Nación, la sublevación militar encabezada por el General Lavalle, calificando la muerte de Manuel Dorrego como “un crimen de alta traición contra el Estado”. Las fuerzas se pusieron a las órdenes del General Estanislao López.
Los acontecimientos originados como consecuencia del avance de las fuerzas unitarias sobre Santa Fe y la penetración del General Paz en Córdoba, provocaron la renuncia del General López y la disolución de la Representación Nacional.

Durante los dieciséis meses del gobierno de Dorrego, se consolidó un clima proclive a su derrocamiento. Se le criticaban los mismos defectos de toda la clase política de la época, siendo muy afectado por la firma de la paz con el Brasil, que produjo un alto resentimiento del ejército. Este último fue el hecho desencadenante. Sus adversarios se multiplicaban: el ejército, antiguos unitarios, los federales (Rosistas y Anchorenistas). Su grupo de poyo sería el “partido popular”.
Lavalle, acompañado por el ejército en su totalidad, se rebeló, haciendo su entrada en la Plaza de la Victoria, en su calidad de jefe del primer ejército, reuniendo la infantería y caballería. Se declaró que el gobierno había caducado y Lavalle fue ungido gobernador en la “elección de los sombreros” celebrada en forma popular en la iglesia de San Roque.

Cargos a Dorrego (manifiesto del 5 de diciembre):

·  Desorden de administración; perturbación y sublevación del pueblo.
·  Quebrantamiento del orden militar por la designación de Lavalleja como jefe de ejército;
·  Usurpación territorial por parte del Alto Perú, sin reacción correlativa por parte del encargado de las relaciones exteriores
·  Entrevistas con personeros de Bolívar
·  Política económica para enriquecer a algunos funcionarios y gobiernos provinciales
·  Despilfarro de los fondos públicos
·  Violación de las garantías individuales
·  Fraudes electorales
·  Corrupción y arbitrariedad judicial

Por sobre todas estas razones subyacía la nueva tentativa unitaria de lograr el Poder y consolidar el régimen abatido por el rechazo de la Constitución de 1826 y la adhesión de las provincias al federalismo.
Se trataba de un levantamiento de carácter militar, cuya fundamentación habría sido avalada por una presunta élite, que le daría sustentos teóricos.
En la proclama del 1º de diciembre se definía como remedio para corregir los extravíos del gobierno; que el ciudadano oportunamente resultase electo por la Asamblea de la iglesia de San Roque, ordenaría la celebración de elecciones libres para la Sala de Representantes.
Luego de la derrota de Dorrego en Navarro, resultó fusilado el 13 de diciembre de 1828.
La improvisación signaría la gestión de Lavalle; unificó todos los ministerios bajo el mando de José Miguel Díaz Vélez; declaró que el Dr. Pedro Pablo Vidal había hecho deserción escandalosa de su silla de presbítero; anuló los contratos celebrados con particulares para traer inmigrantes extranjeros.
En vez de reordenar la provincia se insistía en crear un cuerpo para suplir la Sala: el Consejo de Gobierno (4/5/1829). Se volvía a la antigua división entre ciudad y campaña, ésta alejada cada vez más del gobernador provisorio. Por una parte, el general Paz iniciaría su breve predominio, con el combate de San Roque (22 de abril) haciéndose cargo de la provincia de Córdoba. En Buenos Aires la suerte era esquiva a los unitarios que sufrían derrotas tanto por las huestes de Rosas como de López. El 23 de abril López derrotaba a Lavalle en Puente de Márquez.
Con el objeto de reunir de algún modo la representación provincial, hasta que las circunstancias del país permitan reunirla de modo que la ley ordena. Se decretó la formación del Consejo de Gobierno. Sus funciones eran meramente deliberativas y consultivas, sus miembros eran designados por el propio gobernador y éste podía o no sujetarse a los dictámenes en los asuntos que le fueran consultados. El 6 de julio quedaba disuelto.
La revolución del 1º de enero fue un error histórico sin paliativos. La crisis que de inmediato debió soportar, hizo que Lavalle tomara contactos con diferentes grupos, con el objeto de intentar una pacificación. Las relaciones con las provincias pronto se cortarían. Daría la espalda a López. En la campaña predominaba Rosas, que sabía esperar sin apresuramientos.
La política conciliatoria   demuestra la incertidumbre, los titubeos y la debilidad con que Lavalle afrontaba los hechos.
Al llegar San Martín en febrero de 1829, le fue ofrecido el gobierno por Lavalle, lo que aquél rechazó.
Existieron también varias iniciativas de pacificación con López. López se afirmaba en el litoral: había vencido a Lavalle en Puente de Márquez, colocándose al frente de la autoridad soberana ejercida por la Convención nacional; frente a Paz, que se transformaba en su gran contenedor, buscó el equilibrio, intentando una pacificación con Buenos Aires en sus dos alas: Lavalle y Rosas. Paz extendería su hegemonía en el interior.
Lavalle rechazó las propuestas de paz emanadas de López, desconociéndole a éste cualquier carácter nacional.
Las tratativas de pacificación con Rosas fueron elaborándose desde la instalación del Consejo de Gobierno, en el cual predominaba una mayoría adicta a éste. Se llegó a los acuerdos con Rosas casi naturalmente. Rosas se acercaba más a Lavalle que a López.
Lavalle quería forzar esta política de presunta conciliación. Le expresaría Rosas que en la actual lucha no había más que porteños y por lo tanto la conciliación era imprescindible. He allí el origen de la Convención de Cañuelas. 
El Convenio de Cañuelas se firmó el 24 de junio de 1829, entre el gobernador provisorio de Buenos Aires, Juan Lavalle, y el comandante general de campaña, Juan Manuel de Rosas, con el objeto de poner fin a las hostilidades en la Provincia.
Es un tratado atípico, firmado entre dos poderes “de facto”, o también, entre dos militares con mando de tropa. Rosas tenía un cargo emergente de la Convención Nacional, desconocida por Lavalle. Eran dos partes en desigualdad de condiciones, aunque en los hechos se les reconocía igualdad de tratamiento.
Es una convención interna entre partes integrantes de una misma provincia. Resolvía:
a)      poner término a los disturbios que han afligido a la provincia;
b)      restablecer en ella el orden y la tranquilidad perturbadas.
Para eso se convenía: restablecer relaciones entre ciudad y campaña, con cese de hostilidades, y elección de los representantes de la provincia con arreglo a las leyes.
Atribuciones de Rosas:
a)      mantener y conservar la seguridad de la campaña;
b)      tomar las medidas que considerara convenientes para el logro de tales fines;
c)        proveer con noticia del gobierno los empleos establecidos por las leyes para el régimen y policía, hasta la instalación del Gobierno permanente;
d)       el gobierno provisorio le auxiliaría con los recursos de todo género necesarios para este servicio.
 El gobierno de la Provincia reconocía y se obligaba a pagar las obligaciones del Comandante General para el sostén de las fuerzas de su mando y tanto los jefes como los oficiales de Rosas se beneficiarían con las remuneraciones y distinciones correspondientes a sus rangos. Ningún individuo podía ser molestado por su conducta u opiniones políticas anteriores a la Convención.
Por convenio reservado se establecía que para dar solidez y estabilidad a la Convención se evitaría la lucha de los partidos. Así, la dirección de los negocios públicos debía recaer en personas que puedan aquietar los ánimos e inspirar la confianza de todos.
Se agregaba una lista de cuarenta y siete personas como titulares y dieciséis para suplentes. Se elegiría gobernador a Félix Álzaga, ministro de gobierno a Vicente López y de Hacienda a Manuel García. Se declaraba asimismo que la composición del gobierno y de la Sala de Representantes constituía la base y condición de la efectividad de la Convención.
No obstante la generosidad de las cláusulas, que hacían de Rosas el gobernador de hecho de la Provincia, no lograron satisfacer del todo a Rosas. Los partidarios de Lavalle también se sintieron defraudados.
La Convención de Barracas, del 24 de agosto de 1829, completa la obra de Cañuelas, declarando que ésta intentaba la vuelta a las instituciones sin violencias, con garantías necesarias a las diferentes clases sociales. Echaría las bases de un gobierno provisorio mediante la elección de un “ciudadano escogido entre los más distinguidos del país para consolidar la paz, inspirar confianza y preparar el restablecimiento de las instituciones”.
El gobernador y el Comandante de campaña nombraban un gobernador provisorio cuyas facultades no sólo serán las que ordinariamente corresponden a los gobernadores de provincia sino las extraordinarias necesarias al cumplimiento de la misma y a la conservación de la tranquilidad pública.
Las facultades extraordinarias emergían de la voluntad de los contratantes. El gobernador provisorio debía prestar juramento ante el Presidente de la Cámara de Justicia. La designación recaía, por voluntad de las partes, en la persona de Juan José Viamonte. El gobernador haría de su gobierno una ficción de deprimente chatura; detrás de él gobernaba Rosas.
Creaba un Senado Consultivo, de veinticuatro miembros, elegidos entre los notables del país, en las clases de los militares, eclesiásticos, hacendados y comerciantes. Sus atribuciones se detallarían en un reglamento especial.
El cuerpo tenía carácter provisorio, participando en un gobierno que tenía igual carácter.
El 16 de febrero de 1829, se presentaron dos proyectos en la Convención de Santa Fe. Por el primero se establecía que dicha convención investía la autoridad soberana de la República en los asuntos generales: tomaba ella las medidas conducentes para la tarea de gobierno hasta el establecimiento del Poder Ejecutivo Nacional y encargaba al gobernador de Santa Fe la comunicación del texto legal a las potencias extranjeras. Por el segundo se determinaba que es la única autoridad nacional de la república.
De ambos proyectos se desprende:
a) la cesación de las facultades conferidas por las Provincias al gobernador de Buenos Aires;
b) las facultades delegadas inherentes a la soberanía se reasumían;
c) la representación nacional tendría a cargo temporariamente el manejo de las relaciones exteriores;
d) quedaría encargado de las fuerzas el gobernador de Santa Fe.
Sin embargo, quedaban abiertas las bases para un acuerdo con Buenos Aires, que se concretó luego de la derrota de Lavalle con el tratado de Barracas.

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