jueves, 13 de septiembre de 2012

Estado de necesidad (diferentes autores) - Civil II - Obligaciones



Jorge Mosset Iturraspe
Responsabilidad Civil
Capitulo IV
Pag, 77 a 81
El estado de necesidad, denominado a veces, “de emergencia” o “de peligro” existe respecto a los particulares y también respecto del estado cuando:
1-      Se encuentra la eventual victima ante la inminencia de sufrir un mal grave, un menoscabo importante en si persona o en sus bienes o respecto del estado
2-      Además de ello, el daño que se cierne o amenaza aparece como extraño o ajeno a quienes serían sus víctimas; el evento se muestra como accidental o fortuito.
3-      No se encuentran medios para su evitación.
4-      Finalmente, el necesitado, o sea quien padece la situación, no tiene por su oficio o cargo, el deber de sufrir el daño.
En estas circunstancias, tan especiales, como puede deducirse fácilmente, el amenazado actúa, para evitar el mal propio, o bien de un tercero para evitar el mal ajeno.
En primer lugar, el presupuesto factico. El status nacessitatis, que justifica la conducta. Debe ser una situación en la cual se cae o a la que se llega, sin culpabilidad; no imputable al necesitado, extraña a él, fortuita, inevitable, urgente y grave
¿No será necesario examinar cómo fue que se llegó a la insolvencia, indigencia o estado menesteroso, tanto del deudor incumplidor como del que pretende satisfacer sus necesidades a costa de un tercero obligado a alimentarlo?.
Esto nos llevaría, en grandes trazos, a distinguir del vago del desocupado.
Se debe profundizar acerca de la denominada Facultad Eligendi; el necesitado actúa voluntariamente, con libertad, en la elección del bien salvaguardado.
Si caemos en la cuenta acerca de la existencia de estructuras injustas que llevan a situaciones injustas, de dependencia, opresión, miseria, etcétera, no pueden extrañarnos algunos comportamientos denominados “necesitados” la razón de su justificación.
Si el perjuicio se causa a un tercero en beneficio de la comunidad, es razonable y justo que el beneficiario o el estado respondan ante el tercero perjudicado, la licitud no obsta al resarcimiento, que el juez determina en atención a las circunstancias del caso, muy especiales, claro está.
Jorge joaquin llambias
Tratado de derecho civil
Parte general
Vicios de los actos voluntarios
Pag. 445 a 448
Después de haber estudiado los actos humanos que constituyen el vicio de la violencia, corresponde examinar ahora lo que se podría denominarse la violencia objetiva, es decir, la coacción resultante de los acontecimientos exteriores.
Se trata de saber si cuando el agente ha obrado bajo la coerción de necesidades apremiantes, cuya satisfacción es impostergable, resulta admisible la invocación de esos factores extraños al sujeto, como determinantes de un vicio de la voluntad para invalidar el acto obrado.
El punto ha sido examinado por lo general en orden de la responsabilidad del agente, a cuyo respecto se ha sostenido que el acto necesario, no es ilícito y por lo tanto no compromete la responsabilidad de su autor, el cual solo estaría obligado a reparar el daño derivado del hecho necesario, en la medida que su enriquecimiento.
Se ha observado que esa solución no sería viable sino cuando el sacrificio del bien ajeno produjese la conservación del bien propio salvado. De ahí que se aconseje la distribución del daño por la vía legal entre el causante material del mismo y aquel en cuyo interés el daño hubiera sido cometido.
No interesa considerar al estado de necesidad como supuesto de irresponsabilidad del agente sino como posible vicio de la voluntad para anular el acto jurídico.
Postura tradicional: si no mediaban acciones imputables a alguien, dirigidas a provocar la coacción moral de la persona cuyo consentimiento se deseaba arrancar, no había vicio de violencia.
Esta solución como dice De Gasperi denotaba “una concepción estrecha de la violencia, limitada al dominio de los vicios del consentimiento, cuando se la ejerce por una voluntad humana con el designio de arrancar el consentimiento.
La situación varía en el año 1887 a raíz de un fallo dictado por la corte de casación francesa. Se trataba de un contrato de salvamento de un buque en riesgo de naufragio por un precio muy elevado, en el que la corte decidió que “cuando el consentimiento no es libre, cuando presta bajo el imperio del temor inspirado por un mal considerable y presente, el contrato celebrado queda viciado y es anulable.
Esta solución ha sido aprobada por todos los autores. Según ella la violencia objetiva constituye vicio de la voluntad, cuando se ha abusado del peligro exterior en que se encuentra la víctima, para obtener de ella un lucro desmesurado.
Josserand va aún más lejos, el autor enseña que así como el error es causa de nulidad  de los contratos, cualquiera sea su origen, de igual modo, tratándose de violencia, no hay que distinguir la intencional de la que provienen de un estado de necesidad, ya que ella debe ser estimada por el temor que inspira o sea por un vicio en el consentimiento de la víctima.
Por nuestra parte entendemos la opinión de jossenrand ya que era aplicable a nuestro derecho, aun antes de la ley 17.711, según el artículo 900.
Consiguientemente si las circunstancias exteriores han resultado en extremo duro y apremiante, (hambre, peligro inminente de muerte, etc.) es dable ver en ellas un factor que ha afectado sustancialmente la libertad del agente.
En suma, entendemos que en el régimen del código de velez era dable invocar la falta de suficiente libertad causada por los acontecimientos externos, como vicio de la voluntad si se reunían requisitos:
1-      Temor fundado
2-      De sufrir un mal grave e inminente, ya en persona o en los bienes.
3-      Daño importante causado al agente por el acto cuya nulidad se pide.
La ley 17.711, los actos obrados en el estado de necesidad son inválidos siempre que el autor del acto en esa situación hubiese experimentado un daño importante a causa de la explotación de su estado por el otro contratante.
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Comprendió de derecho de las obligaciones
Pedro N. Cazeau – Felix trigo Represas.
Pag. 455 a 457
Estado de necesidad se define por la existencia de una situación fáctica de peligro grave e inminente, que amenaza a una persona o a sus bienes, que solo puede ser conjurada para salvaguardar los mismo, ocasionando un daño a otros, a un tercero.
D, justicia personal o autoayuda: próximo a la legitima defensa, aunque no identificable con esta, se encuentra el instituto que en algunas legislaciones modernas recibe el nombre de autoayuda, el cual no es sino la expresión jurídicamente controlada, del “hacer justicia por mano propia!”.
En estos casos, el acto realizado aparece legitimado y es licito, aunque produzca un daño a tercero o desconozca un derecho expresamente establecido, dado que el fundamento radica también en la imposibilidad en que se encuentra el interesado de requerir y esperar la intervención del estado.
En contra ha sostenido Llamabias, que la figura no funciona en el ámbito de la responsabilidad civil, pues queda absorbida o por la legítima defensa, o bien por el estado de necesidad.
Requisitos para que se la legitime la justicia personal son:
1-      Que mediante ella se intente proteger una prestación reconocida por el derecho, un interés jurídicamente protegido.
2-      Que exista peligro de que sin el empleo de ese medio, dicha pretensión o interés jurídicamente protegido se frustre, o se dificulte en buena medida su efectivización
3-      Por las circunstancias del caso no pueda requerirse u obtenerse en tiempo útil el auxilio de la autoridad pública.
En nuestro país, si bien la legislación vigente no prevé esta figura, en cambio la misma fue contemplada en el anteproyecto de Bibiloni – bajo la inspiración de lo establecido por los artículos 229 y 230 del código civil alemán.
De acuerdo al artículo 1071, primera parte, del código civil “el ejercicio regular de un derecho propio, o el incumplimiento legal no puede constituir como ilícito ningún acto (redacción según la reforma de la ley 17.711/68). En esto supuestos en consecuencia también queda excluida la responsabilidad civil del acto dañoso, por no ser ilícito el mismo.

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